Preservando la libertad de un anciano
El personal de una instalación de cuidados contactó al Programa del Defensor del Pueblo de Denver para informarnos de que la esposa de un residente en una unidad de atención de memoria supervisada las 24 horas (en inglés, a secure memory care unit), estaba obligando a un residente a firmar un Poder Legal (POA).
Caso de coerción conyugal – el anciano fue falsamente internado en una instalación de cuidados para ancianos
Durante la visita inicial de la defensora del pueblo (ombudsman) el residente le dijo que fue admitido por su esposa con falsas pretensiones y que no quería estar en una unidad segura. Durante varias visitas, el defensor del pueblo observó que el residente la recordaba y parecía estar alerta y orientado, consciente de su persona, el lugar y del tiempo.
La esposa del residente pidió que un tribunal le otorgara la tutela de emergencia, y otorgara la tutela de su esposo en caso de emergencia. El residente contrató a un abogado para impugnar la petición. Él quería tramitar el cierre multimillonario de la venta de sus propiedades por un acuerdo de bienes raíces.
La defensora del pueblo toma medidas
Con el permiso del residente, la defensora hizo varias cosas:
- Ella llevó a cabo una revisión a fondo de registros médicos, la cual indicó que los intereses manifestados por el residente no se reflejaron en el formulario de órdenes para el alcance del tratamiento médico (medical orders for scope of treatment - MOST, por sus siglas en inglés), y que la instalación había permitido que la esposa/POA hiciera todo el papeleo de ingreso, permitiéndole imponer restricciones, incluyendo negar acceso y uso de un teléfono celular, de recibir correo y de visitas.
- La defensora del pueblo contactó e informó al abogado del residente de los hallazgos de su investigación y reiteró los intereses manifestados por el residente.
- Ella abogó para programar una reunión con fin de tramitar dar de alta al residente, permitiéndole regresar a casa; y de educar al personal de la instalación sobre este caso de violación de los derechos de los residentes.
Tras una minuciosa revisión del caso con la asistencia del fiscal general (Attorney General) y de la defensora del pueblo a nivel estatal (State Ombudsman), nuestra defensora del pueblo recibió la autorización para dar una declaración en nombre del residente y expresó su interés en regresar a su casa, así como su opinión de que estaba confinado de forma inadecuada e involuntaria en una instalación de cuidados, dentro de la unidad de atención de memoria supervisada las 24 horas.
El abogado del residente demandó, por escrito, que la instalación: actualizar el formulario MOST para reflejar los deseos del residente; que se le brindará una ubicación de residencia alternativa y que se le proporcionarán los registros financieros.
A tan solo días de la audiencia de tutela, la esposa retiró la petición de tutela de emergencia.
Caso resuelto
Con la asistencia de Servicios de Protección para Adultos (Adult Protective Services), del abogado, de la defensora del pueblo y de un administrador de caso, el residente pudo mudarse a la casa de su hija acompañado por servicios para su salud.
Utilizando diferentes herramientas de auto-defensa y a través una colaboración con múltiples agencias externas, el residente finalmente pudo regresar a trabajar justo a tiempo para cerrar la venta de su negocio y entregar personalmente los bonos de navidad al personal de su negocio, como lo había hecho durante más de 40 años.
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